jue. Oct 24th, 2019

Un negocio muy lucrativo

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A propósito de la rocambolesca y vergonzosa fuga de Aida Merlano, lo que muy pocos en el país han puesto en evidencia es el rentable e impresionante negocio en el que se han convertido los cargos de elección popular en Colombia.

La clase política toda, sobrarían ocho dedos para contar las excepciones, quiere hacernos creer que es un fenómeno reducido sobre todo a la costa y por eso lo de Merlano no ha pasado de ser una anécdota y una aberración exclusiva de una manzana podrida en una región ídem. Falso de toda falsedad.

El problema de la corrupción electoral se ha salido totalmente de cauce y nadie quiere percatarse que amenaza con poner en peligro nuestra institucionalidad democrática o lo que es peor, entregarnos en manos de un “estadista” estilo Maduro.

Lo peor -y uno no sabe si soltar una carcajada o llorar de tristeza- es que absolutamente todos, ponen en sus programas la lucha contra la corrupción como una de sus banderas principales. ¡Por dios, lo que estamos haciendo es poner al ratón a cuidar el queso!

El juicioso investigador Ariel Avila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, mejor conocida como la Fundación Pares, lleva más de tres meses denunciando con pruebas irrefutables diferentes casos de corrupción en su columna online de la Revista Semana, sin que nadie, empezando por las autoridades, se de por aludido.

En la última titulada “Las podridas elecciones locales”, escribe Avila: “Por tres meses, principalmente en Semana.com, he denunciado múltiples escándalos de corrupción, he sacado más de 30 denuncias con videos, fotos y documentos que prueban complejos entramados de corrupción, vinculación con actores ilegales y prácticas corruptas de compra venta de votos. En la Fundación Pares se han recibido más de 2200 denuncias de corrupción, relaciones de políticos con criminales o gobierno en cuerpo ajeno. De ellas, apenas revisamos más de 1200. Pido disculpas a todas las personas que nos enviaron información y que no logramos procesar, pero literalmente fue imposible.”

Con eso cuentan los corruptos, con la imposibilidad de académicos y autoridades para investigar todos los casos. Terminan cayendo los más descarados, estúpidos o cínicos, pero el grueso, que se preocupa ademas de cuidar sus espaldas, pasa de agache, indemne e impune.

Me recuerda al excontralor Ricardo López Arévalo quien en su lucha contra la corrupción en Cundinamarca, me confesaba su frustración y la enormidad de su tarea, inconclusa por falta de funcionarios para atender todos los casos y, le agrego yo, porque trabajaba con el enemigo adentro.

Les he confesado en otras oportunidades, que quien esto escribe vive en Chía y observando la proliferación de candidatos a la alcaldía y al concejo de mi pueblo, me quedo aterrado no solo del número de postulantes sino del exceso de oficinas de campaña y de gasto publicitario para unos cargos que tienen un sueldo apenas promedio de un ejecutivo medio en una empresa mediana del país.

El gobernador de Cundinamarca, por ejemplo, va a ganar $16.210.960. Los alcaldes de la mayoría de los municipios, que son de sexta categoría, en Cundinamarca, no pueden devengar más de $4.054.071.

Soacha es el único municipio en Cundinamarca considerado de primera categoría y recibe un ingreso básico de $13.735.742. Chía, Funza, Girardot, Mosquera y Tocancipá, son de segunda categoría y devengan hasta $9.928.947. Cota, Facatativá, Fusagasugá, Madrid, Sopó, Tenjo y Zipaquirá (quién lo creyera) son de tercera y reciben un salario hasta $7.964.237. La Calera es el único de cuarta categoría y gana un salario de $6.662.417. De quinta categoría son Anapoima, Ricaurte y Sibaté y su salario en consecuencia es de $5.365.812.

Los concejales no reciben un salario mensual, sino por sesiones. Los de primera $294.300, segunda $212.727, tercera $170.641, cuarta $142.748, quinta $114.967 y sexta $86.862. Los de primera y segunda pueden recibir anualmente hasta 150 sesiones ordinarias y 40 extraordinarias al año. De la tercera a la sexta se pueden pagar anualmente hasta 70 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias al año.

Hagan ustedes la cuenta que solo necesitan una calculadora sencilla de ocho dígitos. Pero les pongo el ejemplo de mi pueblo: el concejal de Chía que salga elegido, si coge todas las sesiones ordinarias y extraordinarias se va a ganar $40.418.130 al año. Es decir $161.672.520 en los cuatro años.

Ni un tercio de lo que se están gastando algunos en la campaña. Y usted ve arquitectos, empresarios, ingenieros, médicos, todo tipo de profesionales que podrían ganar eso y más en sus respectivas ocupaciones.

¿Qué lo hacen por amor a sus gentes y al pueblo dónde viven? Como decía el político sanntandereano “¡MAMOLA!”. U.G.O.

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