vie. Dic 14th, 2018

Según CGR en la CAR no solo las PTAR huelen mal

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Hace pocos días, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un boletín de prensa que, replicado tímidamente por la prensa nacional, alertaba sobre graves hallazgos fiscales en el manejo de las Corporaciones Autónomas Regionales. Dentro de ellas resaltaba a la CAR de Cundinamarca, que se “ponía a la cabeza del indebido manejo de estos recursos”, con 72 mil de 100 mil millones de pesos en hallazgos fiscales encontrados.

Contextualicemos un poco antes de continuar. Ser director de la CAR es quizá el segundo cargo más importante en el departamento. El primero, obviamente, lo detenta el Gobernador. La diferencia radica básicamente en que el Gobernador maneja, igualmente, un gran poder político, pero el director de la Corporación controla un descomunal presupuesto que le da un enorme poder de contratación. El otro rasgo que destaca la Contraloría es que, como su mismo nombre lo indica, gozan de una enorme autonomía que las hace extremadamente poderosas.

Según la Contraloría General, el activo total de la CAR, a diciembre de 2017, es de 2 billones 684 mil millones de pesos. El propio director nos reconoce -más adelante- que durante el período de 2013 a 2017, es decir en cinco años, la Corporación ejecutó contratos por 3 billones 800 mil millones de pesos. Aquí los contratos se miden en miles de millones de pesos, excepcionalmente aparece algún contratico ‘chimbo’ de míseras seis cifras.

Estados contables no razonables

De modo que uno presumiría que, para una mejor transparencia ante semejante contratación, el manejo contable de la entidad debe ser impecable. Sin embargo, el órgano de control piensa otra cosa: “En opinión de la CGR, los Estados Contables de la CAR no presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera a 31 de diciembre de 2017…”.

Pero no se queda ahí, evaluando el control interno financiero, la CGR termina dándole un concepto sobre su efectividad de “INEFICIENTE”, apoyada, entre muchas otras causas, en que: “No se evidencia compromiso de la alta dirección de la Corporación frente a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Entidad, relacionadas con la gestión presupuestal y contable.

“No todas las transacciones, hechos y operaciones originados en las diferentes dependencias de la Corporación son debidamente informados al área contable, porque no todas las áreas tienen conocimiento de cuáles productos y documentos son insumos para el proceso contable.”

“Se presenta inoportunidad en la información de las transacciones y hechos económicos que generan algunas áreas de la Corporación…”

¿O son un relajo?

Cuando le pregunto al director de la CAR, con base en lo que ustedes acaban de leer, que, en palabras mías, la primera crítica de los auditores es que los Estados Contables de la entidad son un relajo, este me contesta:

“No. Digamos que esa no es la conclusión de la Contraloría. La Contraloría hace una observación sobre una cuenta, sobre la ubicación presupuestal de una cuenta que corresponde al valor de los convenios que tiene suscritos la Corporación con municipios y el equipo auditor no comparte la ubicación contable de la cuenta porque en su opinión debería estar en otra cuenta bajo otra denominación y no bajo la que la contabilidad nuestra la tiene ubicada, pero es una discusión técnica sobre ubicación contable de cuentas. Acá no es que la plata de la Corporación es un relajo sino que hay una disparidad de criterios entre el equipo auditor y la Corporación respecto de la ubicación contable de unas determinadas fuentes de pago”, explica el director.

Lo cual me obliga a leerle las citas de arriba, ante lo que retruca: “Eso va en contravía de lo que dice Crowe Horwath, que es una de las más importantes firmas internacionales en materia de revisoría fiscal que es, a la sazón, la revisora fiscal nuestra, la cual certificó los estados contables nuestros a diciembre de 2017 y la Contaduría General de la Nación que los ha avalado.”

Para el órgano de fiscalización las conclusiones son otras: Negativa, en su opinión contable y No Razonable, en su opinión presupuestal, lo que la lleva a dictaminar el No Fenecimiento de la cuenta fiscal de la CAR, por la vigencia 2017.

Pero qué es eso del No Fenecimiento. El Fenecimiento de una cuenta según la CGR, en palabras del Ministerio de Salud, “significa certificar que la gestión del Ministerio para el cumplimiento de su objetivo misional, realizado mediante la fijación de metas y de planes de acción que orienten la programación presupuestal de la entidad y la destinación de recursos para soportar los planes, programas y proyectos institucionales se realizaron con observancia de los principios de economía, eficiencia, y eficacia, acogido a los preceptos legales que rigen la gestión pública y que los estados financieros reflejan razonables las operaciones realizadas.”

Siete años sin fenecer

El problema es que la CAR lleva siete años –siete–, sin que le fenezcan sus cuentas fiscales. El único año donde pudo echar las campanas al vuelo fue en el 2009 cuando todas las calificaciones fueron sobresalientes, sin salvedades, eficientes, favorables y, en consecuencia, feneciente.

Para el director Néstor Franco, la cosa tampoco es para preocuparse tanto: “El no fenecimiento no corresponde a una causa estática o a una sola razón que permanezca en el lapso del tiempo, sino que puede corresponder a múltiples causas; en un año le puede no fenecer por una razón, en otro año por otra razón, etc, y en lo que a mí corresponde le puedo responder por todo lo que me corresponde como director de la Corporación, desde el 2016 en adelante.”

-Yo entiendo que evidentemente el caso no es Néstor Franco sino la CAR, como una entidad estatal, pero sorprende que la CAR, durante siete años, presente siempre problemas en sus auditorías.

“No, no, no. Vea usted que si hiciera un comparado nacional sobre las entidades auditadas por el organismo de control fiscal y a cuáles les ha fenecido la cuenta y a cuáles no en los últimos diez años, encontrará que el margen regular de no fenecimiento es bastante proyectado a lo largo de todo el ejercicio de control fiscal porque es que, además, sorprendería una auditoría que no encontrara hallazgos. Cuando se hace un ejercicio de control fiscal y resulta que en ojos del control fiscal no hay ningún hallazgo, sorprendería ahí sí el nivel de pretensión de una entidad, sea pública o privada.

“O sea, la naturaleza misma del auditaje es identificar inconsistencias o malas prácticas o prácticas regulares en la gestión pública o en la gestión privada. Pero un auditor que no encuentre nada resulta ser mucho más sospechoso que un auditor que encuentra hallazgos, porque los hallazgos tienen una segunda lectura, que son un llamado al constante mejoramiento en una entidad o en un determinado equipo u organización.”

Una contratación multimillonaria

Como les decía al principio, la CAR es un enorme y millonario contratador. Según cifras de la CGR entre el 2013 y el 2017 los actos contractuales de la entidad ambiental fueron del orden de los 3 billones 368 mil millones de pesos; y destaca que dentro de esa cifra está lo que se le ha invertido a la PTAR SALITRE en el 2016, que es la bobadita de 1 billón 357 mil millones de pesos.

Pero lo que más le llama la atención al órgano de control es que “…la Licitación Pública es la regla general para la selección objetiva del contratista; sin embargo, en la CAR la excepción, que es la Contratación Directa, resulta siendo la que prevalece en la Corporación, tanto que de 7.810 actos contractuales en el período analizado, 7.037, el 90.1%, corresponden precisamente a Contratación Directa.” Vale la pena observar que la cuantía señalada por la CGR es de 1 billón 132 mil millones de pesos.

La respuesta del director es contundente: “Sí claro, pero el órgano de control fiscal, no el órgano, los auditores, no tienen de presente que ese 90 por ciento, esos 7.037 contratos que refiere celebrados durante ese periodo de 2013 al 2017, corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales que por mandato legal se deben celebrar de manera directa entre las personas naturales que requiere la Corporación para el apoyo y desarrollo de su actividad misional.

“O sea, los contratos de prestación de servicios más comúnmente denominados OPS, son contratos que se celebran con los ingenieros, los abogados, el equipo multidisciplinario que tiene que atender y que tiene que apoyar a la Corporación en las actividades sobre las cuales no existe o tenemos insuficiencia de personal certificado por cuenta del área respectiva, que en este caso es la dirección de talento humano.

¡Son contratos de prestación de servicios!

“Entonces, los 7.000 contratos no son contratos que es que yo mandé a construir una determinada obra y puse el dedo en determinado contratista o fui a comprar unos suministros y los puse de manera directa.

“Todos esos contratos que refiere la Contraloría son contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo misional, celebrados entre la Corporación y personas naturales en un promedio de 1.000 o 1.200 contratos anualmente, que es el número de contratos o de contratistas que usualmente la Corporación requiere para ejercer sus actividades a lo largo y ancho de la jurisdicción.”

El problema es que la CGR identifica también un alto nivel de contratación en una figura que la propia Corporación denomina de “Derecho Privado”. Aquí, igualmente, la cuantía se mide en billones. Exactamente 1 billón 429 mil millones para 67 contratos.

Todo seguramente tiene su explicación, pero algo que alarma al ente fiscalizador y lo pone de presente en su boletín público es la concentración contractual que se evidencia en la Corporación.

Para pocos el ponqué es más apetecido

Uno tiene 24 contratos por 7 mil 886 millones; otro, 19 contratos por 2 mil 843 millones; el de más allá, 14 contratos por 6 mil 293 millones; y un último, 11 contratos por 20 mil 698 millones. En total la CGR identifica 29 contratistas que se reparten 103 contratos por un gran valor de 229 mil 395 millones.

La explicación no es tan difícil según el director Franco: “Yo respeto mucho el análisis que hace el equipo auditor, pero hemos de referir que ese análisis de concentración que hacen, o de presunta concentración, lo hacen en un horizonte de 2013 a 2017.

“Cuando uno habla de presunta concentración contractual es cuando, dentro de una misma vigencia presupuestal, un solo contratista pretende o se queda con toda la contratación de la entidad. La entidad en ese mismo lapso contrató 3 billones 800 mil millones de pesos. Entonces, yo respeto la conclusión, pero obviamente habrá la oportunidad de esclarecer cualquiera de las referencias que se hacen ahí por cuenta de la Contraloría.”

Miren, yo estoy seguro que aquí ya muchos están dispuestos a botar la toalla y dar la pelea por perdida, pero yo los invito a que me sigan leyendo; finalmente lo que está en juego es el desarrollo ambiental y el futuro de nuestro departamento. La diferencia entre un líder y la plebe, es que aquellos viven bien informados y nosotros siempre permitimos que otros nos metan el dedo en la boca.

Les prometo que la cosa se pone mejor, pero sobre todo, voy a dejar de lado algunos hallazgos que consideraba importantes para privilegiar otros que, de pronto, les pueden importar más. De todos modos, no olviden que son 250 páginas que se las estoy resumiendo en cuatro.

Financiadora de la Universidad de Los Andes

Por ejemplo, ¿sabía usted que la CAR es una gran financiadora de la Universidad de Los Andes? La afirmación es nuestra, pero la vamos a sustentar apoyándonos en los hallazgos de la CGR. ¡Vea usted eso sí!, los redactores del boletín pasaron de puntillas por este descubrimiento que consideramos de gran relevancia porque no se trata del apoyo a una universidad pública sino a una rica y elitista universidad privada.

La Contraloría encontró que de 2013 a 2017 la CAR ha suscrito 5 convenios con la Universidad de Los Andes con idéntico objeto, que en palabras del director Franco “es un proyecto de generación de conocimiento para que el sector productivo del territorio CAR adopte políticas de producción más limpias en toda su gestión”. Pues el bendito proyecto le ha costado a la Corporación, en esos cinco años, la nada despreciable suma de 4 mil 039 millones de devaluados pesitos.

La pata que le nace al cojo es que en el convenio que analizaron los auditores (1151 de 2016) encontraron que “No se evidencia el seguimiento por parte de la Universidad de Los Andes, a las 200 empresas que han participado en los convenios anteriores (2013, 2014, 2015), así como a las 40 o más empresas del presente convenio…”.

“…no aportan comprobantes que demuestren cómo se obtuvieron los resultados, que permita la verificación por parte de la auditoría de la CGR.” “No existen soportes de la relación de gastos por cada rubro ejecutado…” “La mayoría de los recursos se invierten en pago de personal, pero no se establece en el plan de trabajo y/o propuesta, como tampoco en el convenio, todo el personal que sería vinculado y el tipo de actividad que desarrollarían y no presentan informes de las labores realizadas.”

El soporte es un pantallazo de computador

Cuando la supervisión del proyecto, presionada por los auditores, le pide a la Universidad el soporte de la actividad realizada, esta, olímpicamente, les adjunta “un pantallazo de la plataforma mediante la cual se dice que realizó las encuestas; no obstante, esto no comprueba la realización del seguimiento a las 200 empresas de los convenios anteriores y 40 del nuevo convenio.”

Y más adelante, la Contraloría afirma sin contemplaciones: “Los beneficios económicos y ambientales, presentados por la Universidad de Los Andes, no evidencian técnicamente la efectividad en la reducción de la contaminación industrial y la reducción de los recursos como energía, agua y emisiones.”

Cuando le ponemos de presente este hallazgo, la respuesta del Director de la CAR es: “La Universidad de Los Andes, en el concierto de universidades latinoamericanas, es la tercera; de ahí se puede colegir la idoneidad de todos y cada uno de los programas que tiene la Universidad de Los Andes.

“Segundo: desde el año 2014 o 21013 se viene celebrando un proyecto que se llama Redes CAR, es un proyecto de generación de conocimiento para que el sector productivo del territorio CAR adopte políticas de producción más limpias en toda su gestión. Ese convenio, no es un convenio ni para dejar a niños ricos del norte de Bogotá, ni nada por el estilo sino para que, entre la Universidad de Los Andes, la Universidad Uniminuto y otras universidades se adelanten procesos de capacitación en el sector productivo de mediano y de pequeño nivel, o sea Mipymes, Pymes y grandes empresas para efectos de generar transferencia de conocimiento, tipo redes, para efecto de mitigar o hacer transformación empresarial.

“Es más, la crítica que se le hace al convenio es el hecho de que la universidad en su oportunidad no pudo explicar de manera suficiente o amplia o no generó convencimiento durante el equipo auditor en relación con 220 millones de pesos del monto total de los convenios.

“Tengo certificaciones y acreditaciones de Asocolflores, de la Andi, del premio Bio de El Espectador, que es el premio ambiental más importante de Colombia, donde le fue otorgado, precisamente, el premio a la Universidad de Los Andes por este proyecto académico institucional, que nosotros hemos apalancado con la universidad y que, incluso, está siendo replicado a nivel nacional y también a nivel internacional.”

El rigor académico

-¿Y usted cree que ejecutar ese convenio a punta de encuestas telefónicas es tener un gran rigor científico? -Le pregunto al doctor Franco.

“Pues si estuviéramos frente a la universidad ‘Pepito Pérez’ en un garaje de Bogotá o en un garaje de cualquier región, yo le aceptaría el comentario, pero estamos hablando de la tercera universidad más importante de Latinoamérica y hablar de poco rigor científico en una universidad de esa naturaleza pues de entrada sonaría un poquito disonante.

“La consideración mía y la consideración institucional es que nos sentimos absolutamente tranquilos con los resultados obtenidos por los convenios celebrados con la Universidad de Los Andes que están generando conocimiento y apropiación de mejores prácticas para la gestión ambiental del sector productivo en Colombia.”  

Saltémonos hallazgos o esto va a ser innecesariamente largo y no quiero que ustedes se me aburran. Seguramente, la mitad ya me abandonaron. Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, conocidas popularmente como las PTARs, son una gran necesidad para el país y, especialmente, para Cundinamarca y Bogotá en su anhelo de dejar algún día no muy lejano, completamente sano y descontaminado al río Bogotá, nuestro principal afluente y recurso hídrico.

Un esfuerzo millonariamente dilapidado

Construir cada PTAR en los municipios de nuestro departamento es hablar de sumas absolutamente astronómicas. Pero si los resultados se ven y el objetivo ambiental se logra, pues nadie se quejaría. Sin embargo, ¡que difícil es hacer aquí las cosa bien desde el principio!

En su ejercicio auditor, la CGR fiscalizó algunos de los convenios que la CAR firmó con varios municipios, que es la financiadora en todos con montos que superan el 90% de los aportes. Por razones de espacio y del tiempo de ustedes, yo les voy a hablar de dos: Madrid y Facatativá. La más opulenta y, al parecer, con mayores problemas, es la PTAR Salitre, pero esa, como dicen por ahí, será objeto de otro cuento.

En Madrid, la CGR encontró que “La construcción de la PTAR Madrid I, se encuentra dentro del meandro del río Subachoque, en una antigua laguna de oxidación, en un nivel más bajo que el río Subachoque y en el año 2011 la ola invernal afectó la zona y este predio se inundó. Situación que permite concluir la presunta pérdida de los recursos desembolsados para la construcción de la PTAR Madrid…”

Y más adelante continúa: “La CAR permite la ejecución de la construcción de obras sin el cumplimiento de las Normas Técnicas NSR-2010, adicionando a esta irregularidad la ubicación de las obras dentro del meandro (curva pronunciada de un río) del río Subachoque, antigua laguna de oxidación, predio ubicado en niveles inferiores comparado con las vías de acceso y del mismo río. Todo lo anterior contribuyó a que como consta en el folio No. 1463 del expediente del convenio 1371 de 2014, ya se dio el proceso de fallo de las estructuras de la PTAR Madrid…”

Pero esta observación es más lapidaria: “La falta de operación de la PTAR Madrid I, está generando daño ambiental a las aguas del río Subachoque al descargar los vertimientos de forma directa a esta fuente hídrica sin ningún tratamiento y este vierte sus aguas al río Bogotá…”

El problema es de una ley

El doctor Franco, tampoco se corta un pelo en su respuesta: “En el caso de la de Madrid le puedo señalar que la crítica que se hace es el presunto no acatamiento a la Ley 400 de 1997 que es la de sismo resistencia. El Artículo 3 de la Ley 400, expresamente, fija un régimen de excepciones y ese régimen lo que dice es que esta ley no le aplicará a tales obras y en el catálogo de tales obras señala, expresamente, las obras hidráulicas. La planta de tratamiento de Madrid es una obra hidráulica y por ser una obra hidráulica no le aplica la Ley 400 de 1997.

“Que el equipo auditor considere que debe aplicarse la Ley 400 pues es un elemento respetable, vuelvo y repito, pero eso será, digamos, motivo de explicación en la instancia siguiente por cuenta de la Corporación Autónoma Regional.”

En Facatativá, “La CGR realizó visita el pasado 04 de abril de 2018 a la PTAR Santa Marta de Facatativá y evidenció que no se ha dado inicio a las actividades contratadas, por lo tanto, después de cuatro años, no se ha empezado a ejecutar el convenio…”

Párrafos más adelante afirma: “En conclusión: se vienen presentando complicaciones para el inicio de la construcción, toda vez que no han logrado superar las dificultades en los diseños, con la cobertura de población y otros aspectos relacionados con la inversión de los recursos.

La contaminación campea a sus anchas

“Como efecto primordial se viene generando la contaminación de los cuerpos hídricos receptores de las aguas servidas, provenientes del área poblada del municipio, tanto de origen doméstico como industrial. …después de iniciada la ejecución de las obras (22 de diciembre de 2015), a la fecha de la visita de inspección física de las obras realizada por la CGR (abril de 2018) no es significativo el porcentaje de avance, incluso la misma CAR refiere en información suministrada a la CGR que se encuentran todavía en ajuste de los diseños, situación y labores que han sido permanentes por más de dos (2) años y que ha transcurrido sin mayores reparos por la ineficiente labor del contratista de obra y de interventoría y sin que existan requerimientos y exigencias en el cumplimiento por parte del municipio benefactor y de la misma CAR que aporta el 90% de los recursos.”

La respuesta del director: “En el caso de la de Facatativá, la crítica que se hace es que el convenio se celebró a finales del 2014 y a hoy no se ha iniciado la obra civil. En ese sentido lo que hemos señalado es que el contrato se celebró en el 2015 y a partir de la celebración del contrato se fijó una fase de ajustes a diseños; ajustes a diseños que han sido supremamente complejos de poder cerrar por cuenta de tres elementos sustanciales: uno, por la existencia de vertimientos irregulares en el municipio de forma tal que la calidad de los caudales que le ingresan al alcantarillado urbano están altamente alterados por la presencia de vertimientos industriales y una de las tareas más importantes era cerrar vertimientos industriales porque la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas no está prevista para que regule o trate aguas industriales.

“Un segundo elemento, era determinar el factor poblacional, porque por cuenta de la alta variable del crecimiento de la población en el municipio, no es fácil llegar a la proyección a treinta años o de cuál será la población a servir dentro de la planta de tratamiento.

“Pero lo que sí le puedo asegurar a usted es que el día de ayer quedó entregado por cuenta del contratista al municipio, el diseño definitivo de obra; ahora mismo procedemos nosotros a aprobarlo y se estarán iniciando las obras civiles, tal y como corresponde, dentro de los próximos días.”

Solo el 10 por ciento es tratado

-Una de las preocupaciones que presenta la CGR por las demoras y no ejecuciones de los convenios de la PTAR es la alta contaminación del río Bogotá y sus afluentes, ¿usted comparte esa opinión? -le pregunto al director.

“Una mera referencia: del 100 por ciento de las aguas servidas que se generan en Colombia, solamente se trata el 10 por ciento. El departamento que mayores, y lo reconoce la Contraloría, sistemas de tratamientos de aguas residuales tiene hoy en funcionamiento es el departamento de Cundinamarca y la entidad que de manera mayoritaria ha financiado y ha construido los sistemas de tratamiento en Cundinamarca es la Corporación Autónoma Regional.

“Obviamente, el no tener solucionado el 100 por ciento del tratamiento de los residuales lleva a esa conclusión, de contaminación de fuentes, pero en este momento podemos tener plena tranquilidad respecto a que el departamento, que en el contexto nacional tiene más y mejores servicios de sistemas de tratamientos residuales, es el departamento de Cundinamarca.

“¡Que tenemos que mejorar! Necesariamente. ¡Que son inversiones cuantiosas! Tendremos que buscar los recursos. Pero estamos en el camino correcto y en este momento, por ejemplo, estamos sobre 22 o 23 proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el más importante, que es solucionar el tratamiento de las residuales de los bogotanos, porque lo mismo que critica la Contraloría sobre el municipio de Apulo o el de Facatativá, sucede con los bogotanos que a esta hora del día están vertiendo sus aguas residuales directamente al río Bogotá porque no hay sistema de tratamiento adecuado de aguas residuales.”

El solo hallazgo no es detrimento

Un comentario final. Al inicio de nuestra conversación, cuando le pregunto por sus comentarios al demoledor informe de la Contraloría, el director de la CAR nos da una rápida clase de procedimiento fiscal: “Dentro del ejercicio auditor existe una fase de traslado de observaciones y en el traslado de observaciones tiene la posibilidad el sujeto auditado de comentar o de ampliar o de explicar el alcance de la observación.

“Si por alguna razón, el equipo auditor, no la Contraloría sino el equipo auditor designado, que usualmente son cuatro o cinco personas de distintas áreas, no comparte la explicación pues consolida el hallazgo; pero a partir del hallazgo, la fase subsiguiente es un análisis de preliminares por cuenta de la -en el caso de los fiscales-, dirección de investigaciones fiscales. Y si a ese análisis preliminar le dieran algún tipo de razón o consolidaran las razones del órgano de investigación fiscal, inicia la fase de investigación.

“Y después de la fase de investigación fiscal o a partir mismo de preliminares, si es que se identificara o se individualizaran los presuntos responsables del cuestionamiento, pues ellos necesariamente se pueden hacer parte del proceso.

“El funcionario o exfuncionario que corresponda, porque es que además hay que tener presente que los hallazgos no son contra Néstor Franco. Los hallazgos son respecto del ejercicio fiscal de la Corporación Autónoma desde el año 2009 al año 2017.

“Pero en todo caso lo que le puedo señalar de manera concreta es que la sola identificación del hallazgo no puede llevar a la conclusión de la existencia del detrimento patrimonial o del daño fiscal, sino que es una primerísima noticia que impone la necesidad, que además yo respeto, de averiguar o ahondar un poco más en el tema para efectos de determinar si es válida o no la primera noticia dada por el equipo auditor.”

Pero el informe sí es oficial

Entrevistado un funcionario competente del ente fiscal, después de estas afirmaciones -casi muriendo de la risa-, nos contesta rotundamente que “por supuesto es un informe oficial de la Contraloría, no del equipo auditor; y si no fuera así, no hubieran publicado el boletín que dio origen al revuelo”.

-¿Cuando la Contraloría publica este informe no se supone que altos mandos de la entidad le han dado su visto bueno? -Le pregunto al director.

“No, no señor. El informe es firmado por el contralor delegado para asuntos ambientales en uso de sus competencias y no podría pasar de manera distinta porque si lo conociera o lo compartiera con los niveles superiores u otras áreas de la Contraloría dejaría de existir la posibilidad de adelantar el averiguatorio o las investigaciones fiscales o las decisiones finales que se pudieran adoptar, que la última instancia es el Contralor General.”

Yo solo debo agregar que en la segunda página del informe oficial de la CGR se puede leer el equipo que lo respalda encabezado por el nombre del Contralor General de la República, la Vicecontralora, el Contralor Delegado (quien lo rubrica con su firma), el Director de Vigilancia Fiscal, el Supervisor, el Líder de Auditoría, cinco auditores y cuatro ingenieros, más una persona, identificados como Apoyo Técnico.

Como siempre, serán ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Nosotros solo somos los mensajeros.

Por: OlintoUribe Guzman   editor@periodicoelector.com

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