sáb. May 30th, 2020

¿Presos a salvo? Ministra rinde informe

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La Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, lideró la delegación del Sector Justicia que rindió informe acerca de la actual situación del Sistema Penitenciario en Colombia, con ocasión de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el presidente Iván Duque.

La alta funcionaria inició la sesión virtual presentando un panorama general de lo que está sucediendo en el contexto penitenciario y carcelario, así como algunas particularidades del Decreto 546 de 2020 (de sustitución de penas por detención o prisión domiciliarias transitorias). Al tiempo, detalló las cuatro líneas de acción sobre las cuales ha girado la gestión de su cartera, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec):

En cuanto a salud, dijo que se han adoptado las medidas necesarias para mitigar el riesgo de contagio, en un trabajo articulado con el Fondo de Atención en Salud para Población Privada de la Libertad, el Inpec y la Uspec. Y acerca de la seguridad, indicó que se trabaja para que cuenten con ella la sociedad y el cuerpo de vigilancia y custodia.

Respecto a las comunicaciones, manifestó la necesidad que existe de adquirir equipos de cómputo para audiencias virtuales y evitar así los traslados, y para que pueda haber comunicación virtual y/o telefónica de los privados de la libertad con sus familiares y allegados.

Finalmente, en torno al hacinamiento, aseguró que con el Decreto 546 este no se va a eliminar este fenómeno, y que lo que se pretende es disminuir de alguna manera el riesgo de contagio en medio de la emergencia sanitaria que vive el país, una emergencia a la que no es ajena el contexto penitenciario y carcelario.

“En cuanto al marco del decreto tenemos algunos inconvenientes. Por ejemplo, lo que sucede con las personas mayores de 60 años, para quienes se reclama libertad. Lo que pasa es que son en su mayoría ciudadanos que están pagando penas por delitos sexuales o feminicidios, y su salida generaría más problemas para la sociedad”, señalo la Ministra.

La alta funcionaria recalcó que en este primer decreto se realizó un estudio para tener un balance y ponderación entre tres variables: asuntos de salud y humanitarios; demandas de la sociedad y su derecho a la seguridad; y elementos jurídicos.

Frente a los aspectos procedimentales del Decreto, Cabello Blanco manifestó que se adelantan gestiones para que varios privados de la libertad puedan beneficiarse, y confirmó que ayer mismo se remitió al Consejo Superior de la Judicatura el primer listado con 600 personas que podrían obtener la detención o prisión domiciliaria transitoria. Ahora queda que los jueces competentes analicen los casos y tomen decisiones.

En vista de que la suspensión de visitas ha sido una de las medidas claves para evitar el contagio, el director del Inpec confirmó que se ha prohibido cualquier tipo de traslado de reclusos, incluso al interior de los mismos establecimientos.

A su turno, la directora (e) de la Uspec, Lissette Cervantes Martelo, se refirió a asuntos presupuestales y administrativos, dentro de los que se destaca la solicitud de una partida adicional por 60 mil millones de pesos: 40 mil millones se destinarán a temas de infraestructura de emergencia, tales como zonas de aislamiento, pabellones dotados y plantas de tratamiento de agua para garantizar el servicio.

Y los restantes 20 mil millones servirán para reforzar los procesos de fumigación y desinfección, el abastecimiento de elementos de protección para el personal de guardia, las adecuaciones para la virtualización de audiencias y el aumento de la posibilidad de acercamiento de los privados de la libertad con sus familiares y allegados a través de canales virtuales y telefónicos.

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