vie. Ago 7th, 2020

Las venas abiertas de la corrupción en tiempos de pandemia (1era entrega)

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Iniciamos hoy una serie de investigaciones sobre el estado de la contratación en los principales municipios de Cundinamarca que les permitirá a ustedes, fiel a nuestra costumbre, determinar hasta qué punto el título que encabeza este informe está ceñido a la verdad y la realidad o es una desproporcionada presunción carente de sentido.

El primero de enero empezó a regir el año fiscal y el cuatrienio para los nuevos mandatarios elegidos en octubre del año pasado. La pesquisa -muchos inauguraron, contractualmente, su mandato desde ese mismo día-, cubre, en consecuencia, estos cuatro meses, pero se detiene particularmente a revisar la contratación desde el 25 de marzo, fecha en que el gobierno nacional decretó el aislamiento preventivo y declaró oficialmente al país, infectado con la pandemia de la Covid-19.

Para hacer nuestra investigación, nos apoyamos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), creado por el gobierno nacional mediante la Ley 1150 de 2007, dichosa norma que tendrá un especial protagonismo en este informe, pero vale la pena aclarar que desde marzo de 2003 existía el portal único de contratación considerado el antecesor del actual SECOP.

La entidad que lo administra, Colombia Compra Eficiente (colombiacompra.gov.co), lo define como: “…el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. …es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos.” O más específicamente: “Es la plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos del Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. También permite a las Entidades Estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y reglada sobre los Procesos de Contratación.”

Es un sistema que permite a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en los procesos contractuales

Muchos ojos pero todos ciegos

La página Tasa (tasa.com.co), una consultora internacional especializada en gestión del talento humano, lo define mejor: “es un sistema que permite a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en participar en los procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar el estado de los mismos.”

 Y más adelante define los beneficios de su creación como una “…respuesta a la adopción de medidas que garanticen los principios de eficiencia y transparencia en la contratación pública con la visión de alcanzar 2 objetivos: ● Pulcritud en la selección de contratistas; ● Condiciones de contratación más favorables para el estado.”

 Las entidades públicas están obligadas a divulgar toda su contratación en ese sistema. Si no lo hacen, la infracción se convierte en un hallazgo y sanción administrativa y si el comportamiento es recurrente genera una investigación y sanción de carácter disciplinario. Aunque no lo crean, hay algunos que se arriesgan y pasan de agache.

Todo este contexto más de uno lo considerará innecesario, pero se entenderá, sin lugar a dudas, en la medida que vayan leyendo el informe.

La Ley 80 de 1993 creó “el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Durante muchos años fue la columna vertebral del régimen de contratación estatal hasta que en 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez logró que el congreso le aprobara la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”

El hijo devorando a su padre

Eran 33 “articulitos” frente a los 113 de la Ley 80. Pero aunque esta última, se supone, sigue vigente, hoy en día prácticamente toda la contratación estatal se está basando en las normas contempladas en las del 2007; como en el mito de Cronos, pero al revés.

No voy a cometer la perversidad de convencerlos que la ley fue expedida con pérfidas intenciones. Seguramente, Uribe Vélez y sus asesores buscaban darle celeridad, eficiencia y transparencia a la contratación estatal; pero lo cierto es que abrieron una caja de pandora que disparó la corrupción incontenible que vivimos hoy día y amenaza con sepultar irremediablemente la integridad y confianza de nuestro sistema democrático.

El vital artículo segundo de la Ley 1150 determina como se escogerán los contratistas y proveedores, seleccionados mediante: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, aunque más adelante también regula la contratación de mínima cuantía.

Sitúa en cabeza a la licitación pública, anotando que debe ser la escogencia por regla general, pero dispone unas excepciones señaladas “en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.” Y ahí pone a rodar la bolita.

…la licitación pública ofrece ciertas características esenciales (procedimiento reglado, público, abierto o de libre concurrencia, igualdad de los oferentes, etc.). Se han celebrado míseros 39 contratos por licitación pública.

El ratón cuidando el queso

Lo que debían ser unos contratos por excepción se convierten en la regla general y un plato demasiado jugoso para que los desvergonzados dejen escapar. Mejor dicho, en términos coloquiales: ponen al ratón a cuidar el queso.

Como la labor es titánica y ni siquiera las IAS (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) con todo y sus ingentes recursos, son capaces de hacerlo bien, como les dije al principio de este informe me tomé el atrevimiento de mirar la contratación desde el primero de enero del presente año, fecha en que entraron los actuales mandatarios locales y desde el 25 de marzo, día en que el gobierno nacional decreto el aislamiento preventivo y obligatorio para luchar contra la pandemia.

Los resultados son, para decirlo delicadamente, sorprendentes.

El contrato transparente por antonomasia es la licitación pública. La Ley 80 de 1993 que sigue siendo la ley marco de la contratación pública en Colombia la define como “el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.”

En un concepto de la Contraloría General de la República, citado en una nota de la misma ley 80 dice el órgano fiscal: “…la licitación pública ofrece ciertas características esenciales (procedimiento reglado, público, abierto o de libre concurrencia, igualdad de los oferentes, etc.) que demuestran o dicen relación con los principios fundamentales de la contratación estatal que son el de transparencia, economía y responsabilidad.” En fin, que se puede hablar más alto, pero no más claro.

La exótica licitación

Tan claro que en lo que va corrido del año, en todo el departamento de Cundinamarca (lo que no quiere decir todos los 116 municipios, pero si todos los que han utilizado la figura), han celebrado míseros 39 contratos por licitación pública.

Vale la pena hacer aquí un pequeño paréntesis: si ustedes ingresan al Secop después de leído este artículo, es altamente probable que la cantidad de contratos que yo voy a relatar aquí hayan aumentado, porque con el Secop pasa como con los vistos de Twitter: aumentan día por día.

El primero lo celebró el municipio de La Vega el 14 de enero por 5 mil 133 millones de pesos y el último (hasta el momento de escribir este informe), el municipio de Yacopí por 420 millones el 30 de abril.

Por el contrario, en Cundinamarca, en lo que va corrido del año se celebraron 15.963 compromisos por contratación directa, todos cobijados con el paraguas que estableció la bendita Ley 1150 de 2007.

En lo que va corrido del año se celebraron 15.963 compromisos por contratación directa, todos cobijados con el paraguas que estableció la bendita Ley 1150 de 2007

El salto del toro

La susodicha norma consignó una larga lista (hasta 10) de excepciones con la que alcaldes, gobernadores y toda clase de funcionarios públicos con acceso al erario podían saltarse a la torera el mandamiento sagrado de: transparencia, público, libre concurrencia, igualdad de oportunidades y tantas sandeces que nos inventamos los colombianos para no dejar trabajar, ¡carajo!

Y en ese largo etcétera, brilla con luz propia el inciso h “Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.”, convertido en la panacea burocrática de los alcaldes, herramienta excelente para pago de favores electorales, deudas de campaña, compromisos políticos y utilizado a diestra y siniestra, sin compasión ni recato.

Cuando se habla de contratación de mínima cuantía, uno se imagina tres pesos… ¡que le vamos a amargar la vida a esos pobres alcaldes que ni siquiera para una gaseosa les alcanzará con los míseros contratos!

Pues bien, 1.047 se celebraron de los raquíticos contraticos en el departamento durante lo que llevamos de año. Cada uno costó en promedio unos 24 millones de pesos. Claro, se encontraron unos pocos de un millón y medio y hasta se coló alguno de medio millón, pero sobresalían los de 24, 34 millones y hasta en la página 21 (con 50 registros por página) que me arrojó el Secop, encontré uno por 48 millones de pesos firmado el 16 de enero en el pequeño municipio de Chaguaní, una gran parte de ellos para pagar el combustible de los vehículos al servicio del municipio.

Pocos y sin control

¿Saben lo que es la selección abreviada? Lo podemos sospechar pero para qué gastar neuronas si la bien intencionada norma “en comento” (dirían los abogados) nos lo explica meridianamente: “...corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.”

Y también enumera hasta 9 causales por los cuales se puede utilizar la figura. Un boquete grande que se le abrió a la transparencia de la licitación pública sobre todo en el orden nacional, pero tan amplio que igualmente acomodó otro tipo de contratación laxa en el sector local.

Pero como de todos modos implica que más de uno se presente, no es tan suculenta como la directa, insuperable en el manejo del dedo mayestático del alcalde de turno. Se refleja perfectamente en la cantidad de contratos celebrados. En el año, el departamento ha tenido solo 73, según los registros encontrados en el sistema alojado en la página de Colombia Compra Eficiente.

Pocas subastas y menos méritos

Hay dos modalidades de contratación que me tienen desconcertado de que alguno lo utilice, obviamente los menos, menos, pero lo utilizan. Es el concurso de méritos abierto y la subasta. No necesitamos ser genios para saber que estos son los pariente pobres de la licitación pública. Pero como su familiar rico, comparten en común la publicidad que los precede. Es decir, guardan las apariencias y defienden la transparencia. No se hagan ilusiones, no estoy poético. Me salió así y así se queda, diría el “calumniado” expresidente.

El primero, “concurso de méritos abierto”, ya lo dice todo. Dan ganas de levantarse uno y ponerse a aplaudir. Pero démosle gusto a los juristas y utilicemos la ley para definirlo: “Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación.”

¿Venían contentos pensando: “al final los buenos ganan”. Pues sigamos por la calle de la amargura. 8 se han celebrado en todo el año. Los dos más grandes es un PAE por casi 594 millones de pesos, celebrado en Chía (sí, el mismo municipio cuyo alcalde está enredado con otros contratos “pandémicos” por la Procuraduría, pero de eso hablaremos en próximas entregas), el día 21 de abril; y otro por 496 millones el 24 de febrero celebrado en concurso por Anapoima, La Mesa, Quipile y las Empresas Públicas de Cundinamarca referido a los estudios y diseños del acueducto regional de esas tres poblaciones.

La mayoría de las subastas que se han realizado en Cundinamarca este año ha sido para el suministro de todo tipo de materiales, elementos, insumos, combustible, raciones alimenticias, etc. El detalle lo pueden encontrar en la página de Colombia Compra Eficiente. Tan solo 28 se han firmado este año en el departamento.

Frutas, verduras y carnes por 690 millones

La mayor de todas se celebró en Tenjo el 30 de marzo por 690 millones de pesos para “Contratar el suministro de frutas, verduras, carnes, lácteos, víveres, paquetes alimentarios y nutricionales y elementos de aseo, para apoyar las actividades de los diferentes programas que adelanta la Secretaria de Protección Social del municipio.”

La segunda, en valor, la firmó Guasca el 3 de febrero por casi 565 millones para “Prestación de servicios de transporte escolar para los estudiantes matriculados en las instituciones educativas del municipio.”

Y el bronce lo obtuvo Facatativá con una subasta celebrada el 28 de febrero por 388 millones para “Contratar la prestación del servicio de transporte escolar para facilitar el acceso y permanencia en el sistema educativo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en la matrícula oficial de las instituciones educativas del municipio.”

Con 16 mil habitantes y 177 millones más

Produce una gran suspicacia que a Guasca con una población estimada de 16 mil habitantes, el mismo servicio subastado por Facatativá con una población estimada de 144 mil 500 habitantes, le haya costado a la pequeña población cercana a Bogotá, 177 millones de pesos más. Pero si aumentamos más la desconfianza y mantenemos la comparación con Faca, ya el solo valor, sin la diferencia, es una suma escandalosa para un pueblo tan pequeño.

Si por mi fuera, diría que harto trabajo tienen las ias, principalmente la Contraloría Departamental, para analizar la contratación del departamento en tiempos de pandemia; pero eso es pedirle peras al olmo.

Les prometí que iba a tocar la contratación de los principales municipios, individualmente considerados, y como dice el dicho popular: “lo prometido es deuda.”

Pero como este primer informe resultó algo extenso, me toca aplicar la leyenda final de las buenas sagas, telenovelas o series de televisión: “esta historia continuará”.

1 thought on “Las venas abiertas de la corrupción en tiempos de pandemia (1era entrega)

  1. Y dale con la corrupción. Pan diario y a veces, de tanto escuchar, no dan ganas de leer todo el texto. De todas maneras ya estamos acostumbrados a este diario vivir y ya no causa ningún sentido contradictorio. No quiero llegar a ser un resentido social. Vivo feliz, en el país del Sagrado Corazón

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