mié. Ago 12th, 2020

En la lupa de la Procuraduría contrato por más de $3.000 millones de la EPS Convida

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Presunta vulneración de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva; estudios previos en el Secop sin la justificación sobre las exigencias de perfiles de los profesionales requeridos y falta de un estudio de mercado que justifique los requerimientos del software exigido, son, entre otros, los hallazgos encontrados por el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación le pidió al gerente general de Convida EPS, Hernando Durán Castro, suspender el proceso por $3.688’797.699 millones de pesos, para la contratación de una auditoría integral de cuentas médicas a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), públicas y privadas, que prestan servicios a sus afiliados.

En desarrollo de una acción preventiva, el órgano de control alertó sobre una presunta vulneración de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva que podrían conducir a que el Proceso de Contratación IP-CONME-010-2020, se adelantara sin el debido cumplimiento de requisitos establecidos en el ordenamiento legal.

Los estudios previos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), no habrían incluido la justificación sobre las exigencias de perfiles de los profesionales requeridos, lo que impediría la verificación de los estándares para garantizar la idoneidad de los oferentes.

Así mismo, la Procuraduría encontró que no se habría registrado un estudio de mercado que justifique los requerimientos del software exigido para participar en el proceso.

Para el Ministerio Público estos hallazgos podrían sugerir un posible favorecimiento ante la falta de claridad, precisión y correlación necesarias entre las condiciones del pliego y el beneficio que se obtiene de la exigencia del cumplimiento de requisitos habilitantes y/o calificables.

Para el ente de control se podría estar frente a una irregularidad, con la presunta modificación de temas relevantes del pliego de condiciones a través de adendas expedidas pocos días antes del cierre del proceso de contratación, tal como habría ocurrido con la Adenda 3 de fecha 21 de julio de 2020, en las que se establecen requisitos adicionales no justificados a los inicialmente pactados.

Finalmente, la PGN recordó que los pliegos de condiciones son fundamentales en la etapa precontractual, porque regulan el proceso de selección, garantizan la libre concurrencia y permiten dar cumplimiento a los principios que rigen la función administrativa y salvaguarda de los recursos públicos.

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