septiembre 25, 2020

Tras medida de aseguramiento y detención preventiva a Uribe, la polarización del país toca fondo

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Sin duda, las últimas 24 horas han sido las más atribuladas para la opinión pública y política de Colombia durante las últimas décadas. El fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador y dos veces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, tiene polarizadas y enfrentadas a las fuerzas políticas del país.

Las “bodegas”, que manejan las redes sociales, ambientan la realidad, entre verdades, noticias falsas y muchos los memes.

 “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”. Con este corto mensaje, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le anunció al país la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual, aprobada y suscrita por unanimidad, le resolvió su situación jurídica, fallo que, además, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.

Según el despacho judicial, la medida se “sustituyó por detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”.

Indica la providencia del Alto Tribunal que la misma “fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él”.

Para la Corte, “después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del Senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos. Como se informó en su momento, el 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019”.

Según los magistrados de la Sala Especial de Instrucción, “luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.

PRESUNTOS IMPLICADOS

En algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, a quien por ello la Sala le imputa el delito de soborno en calidad de cómplice. Conducta que, legalmente, frente a la eventual pena a imponer, no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso.

Las conductas imputadas al senador Uribe Vélez, por las cuales la Corte resuelve su situación jurídica, fueron presuntamente cometidas cuando se desempeñaba como congresista. En estas condiciones, la investigación respecto a los dos congresistas continúa en el mismo proceso a cargo de la Sala Especial de Instrucción.

Como se sabe, según el Artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, “se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”. 

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

En las últimas horas, el abogado Jaime Granados, apoderado del Senador Uribe, profirió comunicado en el cual indica: “En mi condición de Defensor Principal del presidente Álvaro Uribe Vélez, recibo con profunda decepción la injusta determinación adoptada por la Sala Especial de Instrucción, la cual nos fuera informada por conducto de un comunicado de prensa, frente al cual debo señalar:

  1. El país debe saber que el presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que esta se trasladara siempre a la Corte.
  2. Juan Guillermo Monsalve fue visitado por el abogado Diego Cadena porque, a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado. Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena, quien así se lo transmitió al presidente Uribe. La única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad.

Ya en el mes de abril de 2018, el abogado Cadena le informa al presidente Uribe que el testigo Monsalve ha hecho una carta en donde narra la verdad de los hechos, planteándole que este había manifestado preocupación por su situación de seguridad.

El Presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte. Ello no constituye soborno alguno.

El abogado Cadena ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría jurídica a Monsalve, a efectos de una posible acción de revisión, mucho tiempo antes de haber informado tal situación al presidente Uribe, quien entendió que ello ninguna acción ilícita conllevaba porque no solo su abogado le indicó que jurídicamente estaba facultado para ello sino porque, además, tal circunstancia no era una contraprestación, pues la supuesta carta, según le informó Cadena, ya existía. Adicionalmente, esto en ningún contexto puede entenderse como un soborno, pues nunca se le pidió, por parte del presidente Uribe, al testigo que faltara a la verdad.

La carta adicionalmente nunca llegó a manos del abogado Cadena ni del presidente Uribe, ni fue presentada ante la Corte, ninguna inducción en error hubo.

  1. El Presidente Uribe tampoco buscó ni instrumentalizó al Representante Álvaro Hernán Prada para que buscara sobornar a Monsalve. Ante una llamada del Representante Prada, con ocasión de información suministrada por terceros sobre la voluntad de Monsalve de retractarse, el presidente Uribe se limitó a confirmar que Monsalve era un testigo en su contra y que, si esa era su voluntad, ojalá dijera la verdad. Nada más, ni ofrecimiento ni soborno hubo.
  2. En el caso de Carlos Enrique Vélez debe precisarse que la visita que el abogado Cadena le realizó en julio de 2017 no obedeció a ninguna instrucción por parte del presidente Uribe, se trató de una verificación autónoma que el abogado Cadena realizó tras conocer, por su cuenta, una información en la cárcel La Picota.
  3. El presidente Uribe se enteró de la existencia del testigo cuando ya la carta había sido elaborada. Adicionalmente, en ningún momento autorizó o dio instrucción alguna para que al testigo se le hiciera cualquier tipo de ofrecimiento, lo cual por demás no concuerda con la realidad si se tiene en cuenta que el contenido de la carta firmada por Vélez era exactamente la misma a la versión que este había dado 7 meses antes, ante la propia Corte Suprema de Justicia, cuando no conocía a Cadena.

El presidente Uribe no autorizó que al señor Carlos Enrique Vélez ni a personas de su entorno ni a ningún otro testigo se le hicieran giros por concepto de viáticos o ayudas humanitarias. Esta situación que, en nuestro criterio no constituye soborno, solo fue informada por el abogado Cadena al presidente Uribe a mediados del año 2019, momento en el cual el doctor Uribe manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder.

No es cierto, como se está tratando de insinuar, en otra filtración que atropella el debido proceso, que el doctor Fabián Rojas haya hecho sindicación alguna en contra del presidente Uribe. Si el país conoce de forma íntegra el contenido de esa declaración, podrá apreciar que nada de lo dicho por el doctor Rojas implica una actuación indebida del presidente Uribe.

Estamos absolutamente convencidos de la absoluta inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez, seguiremos trabajando para que el país conozca cuanto antes toda la verdad y cese esta terrible injusticia», concluye el abogado defensor.

 

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