mié. Oct 17th, 2018

La salud en Cundinamarca. Todos empujan, no siempre para el mismo lado.

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Los políticos pueden prometer que construirán un puente donde no hay un río, que pavimentarán el río Magdalena y cualquier otra sandez por muy disparatada que sea. A la gente no le importará creerles, aunque sea una broma, porque igual les tiene sin cuidado si pueden cumplirla o no.

Pero cuando se trata de salud, educación o vivienda, la cosa es a otro nivel. Estas tres pretensiones son el sueño dorado de cualquier ciudadano; y político serio que se respete sabe que en ellos debe centrar cualquier acción de gobierno.

El gobernador Jorge Rey lo tiene claro. Por eso está tan empeñado en sacar adelante sus programas de acceso a la universidad a los jóvenes bachilleres de Cundinamarca. Pero el Contralor del departamento, Ricardo López Arévalo, es igualmente consciente de la exitosa premisa y anda embarcado con sus auditores en una campaña para corregir las múltiples falencias que en materia de salud tenemos los cundinamarqueses.

Los que no lo tienen tan claro son los diputados del departamento, a tenor de lo que le expresaban sobre sus denuncias con relación a la precaria infraestructura hospitalaria del departamento.

Cortinas de humo

“Cuando la Asamblea del departamento me decía a mí –comenta el Contralor-, especialmente el presidente de la Asamblea, que yo estaba generando señales de humo sin necesidad, entonces le dije: <tengo todo el soporte documental y fotográfico; lo que estoy diciendo es lo que está pasando. A mi no me eligieron para quedarme callado sino para decir las cosas que se están presentando. Yo tengo el convencimiento de lo que estoy hablando>”.

La Secretaria de Salud del departamento, Ana Lucía Restrepo, tiene, naturalmente, otra lectura. “El contralor se enfoca en un tema de infraestructura y demás, pero el fondo de los problemas es la prestación del servicio.

“Cundinamarca tiene una infraestructura, en general, muy vieja, debido a que los hospitales fueron construidos hace muchos años y lo que ha tocado hacer es mantenimiento. Muchos son patrimonio histórico, entonces solo puede hacérseles revisiones.

“Ante los datos que presenta el Contralor, nosotros hicimos una revisión y tenemos un plan de trabajo determinado con cada una de las visitas que nos corresponde. Cuando recibimos la administración estaban certificados en salud cinco IPS. Nosotros en año y medio hemos certificado 18.”

“Solo el 10 por ciento del departamento está cumpliendo los requisitos completos en habilitación. Yo no puedo decir que es un problema del actual gobierno; es un problema de varios gobiernos en los que se ha venido deteriorando la infraestructura”: Contralor.

 La visión del uno contra la del otro

“Ahora, hay puestos de salud que por el Registro Especial de Prestadores en Salud (REPS), en cuanto a la normatividad, no podían estar abiertos. La visión desde la Contraloría es, cerraron. La visión desde el ente territorial, desde la normatividad, desde la Supersalud, desde el Ministerio de Salud, es: lo que no está cumpliendo y no tiene criterios de prestar un servicio en las condiciones adecuadas de la seguridad del paciente y de su acceso, pues hay que presentar una novedad de cierre, pero nosotros desde la administración solo hicimos este ejercicio con los puestos de La Palma, que ni siquiera eran puestos, sino casas de la salud.

“Claramente si las EPS no pagan pues la institución escasamente tiene recursos para hacer sus propios mantenimientos y muchas veces no invierten en los puestos y centros de salud.

“El departamento les da presupuesto y los gerentes deben invertir el 5% de ese mismo en los puestos y centros de salud. La Secretaría lo que hace es supervisar que ese porcentaje se esté cumpliendo. Son 52 hospitales pero de la Secretaría de Salud solo dependen 37, los otros dependen de las administraciones municipales.

“Nosotros les damos acompañamiento, asistencia técnica y control. Naturalmente hay apoyo económico. En esta administración les hemos dado 64 mil millones de pesos. En el 2018 vamos a llegar a los 78 mil millones de pesos.”

“Con la ayuda de la Contraloría logramos hacer unas conciliaciones arriba de los 100 mil millones de pesos con las EPS para los hospitales del departamento. ¡Conciliaciones! De ahí al pago efectivo, se logró como el 60 por ciento”: Ana Lucía Restrepo, secretaria de Salud de Cundinamarca.

 La información no siempre es exacta

Basados en un informe que le presentaron los propios gerentes de hospitales, los juiciosos auditores del Contralor Departamental realizaron un diagnóstico de la infraestructura en salud del departamento, encontrando todo tipo de novedades; pero también, a juicio de la Secretaria de Salud, algunas inexactitudes.

El Contralor, por ejemplo, inventaría 9 puestos de salud entre los totales que debería manejar el REPS, pero resulta que estos 9 puestos, pertenecientes a las ESE de Guaduas, Tocaima, Pacho y Fusagasugá, sencillamente no existen. No aparecen en el REPS; por las razones que sean, los propios gerentes le dieron al Contralor una información inexacta.

Reporta igualmente que 14 instituciones no tienen presupuesto para mejoramiento de infraestructura. El problema es que muchas de estas visitas se hicieron en 2016 y 2017.

Aunque la visita del Contralor les puso un cohete a los gerentes y buena parte de esta infraestructura, según comentarios de la Secretaria Restrepo, ha sido corregida, otros siguen enredados en una telaraña terrible propia de la burocracia oficial: “hay cosas que se podrían resolver en dos meses pero en la administración pública se llevan dos años”, dice. Y algunas otras, pocas afortunadamente, se enredan en los egos de alcalde y gerente, quienes imposibilitan acuerdos, sin importar que ellos perjudiquen a la ciudadanía.

Sin titularidad clara es imposible invertir

Hay uno que es de muy difícil solución. Resulta que muchos de estos puestos y centros de salud no tienen la titularidad del predio en regla y, desde la normatividad, a los gerentes les queda muy difícil, por no decir que imposible, invertir en un bien o en un predio del que ni su institución es la dueña, ni tiene un comodato legal, ni aparece ningún dueño con quien negociar. Pero la Secretaria reconoce que detectado el problema, su departamento jurídico está estudiando los casos para ver cómo se solucionan.

La otra pata coja de la mesa tiene que ver con que 15 de estos hospitales, que a su vez controlan estos centros y puestos de salud, son descentralizados, es decir, pertenecen a los municipios que no tienen cómo sostenerlos o cuyos alcaldes sencillamente tienen otros intereses, en donde la salud de sus habitantes no es precisamente la prioridad.

¿Y qué hacemos con aquellas construcciones nuevas aprobadas por la Secretaría de Salud, aún sin funcionamiento? El Contralor encontró 2 en San Juan de Rioseco, 2 en Viotá y 1 en Lenguazaque y Girardot.

En San Juan de Rioseco hay una pugna de egos entre el alcalde y el gerente del hospital donde la única perjudicada es la comunidad. En Viotá, aparte de que hay problemas de titularidad en los predios, ni siquiera aparece inscrito en el REPS y lo que están haciendo es atendiendo extramuralmente a los pacientes.

Los egos por encima de las necesidades

En Lenguazaque, el centro nuevecito es de la Alcaldía, al que la Secretaría de Salud le intentó dar, en 2016, 150 millones de pesos para su funcionamiento; pero la gerente no pudo invertirlos porque tiene un gravísimo problema de redes eléctricas desde que se construyó. Claro que como en Burundanga -la canción de Celia Cruz- “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé”, los actuales funcionarios de la Secretaría hacen la observación de que en ese centro, como en muchos otros, se aprobaron los recursos durante el cuatrienio pasado y fueron los alcaldes anteriores -sin control alguno- quienes ejecutaron las obras.

Como se hicieron sin técnica ni adecuaciones especiales para cumplir los requisitos de habilitación necesarios, pues el centro, al igual que el de Girardot que tiene los mismos problemas, no se han podido abrir.

La versión del contralor López es más lapidaria: “solo el 10 por ciento del departamento está cumpliendo los requisitos completos en habilitación. Yo no puedo decir que es un problema del actual gobierno; es un problema de varios gobiernos en los que se ha venido deteriorando la infraestructura. En mi criterio, yo no puedo hablar de humanización del servicio cuando ni siquiera las instalaciones cumplen los requisitos mínimos de garantizarme una salud adecuada.”

Habilitaciones para Dinamarca

Pero, por otro lado, López Arévalo critica agriamente las normas “imposibles” de habilitación que se exigen en Colombia. “Hay algo que está pasando en todo el país y es el exceso de regularización, el exceso de reglamentación que se ha expedido en materia de habilitación.

“Estas hacen imposible la puesta en marcha de las propias infraestructuras y eso está generando un deterioro de las existentes y construidas. Supuestamente porque la ventana no se corre un poquito, que porque no tiene la dimensión, que porque no sé qué cosa, entonces no se puede poner al servicio. Eso está generando que se siga atendiendo en condiciones totalmente precarias y que no se entreguen las obras que se hicieron con algunos recursos, con la reglamentación que estaba vigente en el momento, por lo que ahora implica mayores inversiones.

“Es necesario, en mi criterio, hacer una desregularización de esa situación y garantizar elementos mínimos de atención, pero legislar no para otro país sino para la realidad colombiana.”

Toda esa infraestructura no utilizada está dejando en precarias condiciones de atención en salud a una población de más de 30 mil habitantes en el departamento. Pero si eso les parece una barbaridad, lo peor es que los auditores de López encontraron que había más de cinco mil seiscientos treinta y seis millones de pesos ($5.636.000.000) en equipos biomédicos y dotación hospitalaria, literalmente botados en cuartos pudriéndose por falta de uso.

Un mamógrafo por $808 millones, equipos de rayos X por $613 millones, equipos para Unidades de Cuidados Intensivos por $830 millones, máquinas de anestesia por $382 millones, ecógrafos, camillas, camas, desfibriladores, incubadoras, lámparas, electro bisturís, un listado vergonzoso de maloliente rastro en donde uno podría evidenciar la marca corrupta de la comisión de la compra y no de la utilidad del servicio.

Un Ranking oprobioso

El top 10 del bochornoso listado de hospitales con equipos y dotación hospitalaria no utilizados lo encabeza el María Auxiliadora de Mosquera con $1.200 millones; le sigue el San Rafael de Pacho con $1.100 millones, seguido de cerca por el de La Mesa con $936 millones. Y de ahí para abajo, hasta el décimo, están: Puerto Salgar, Anolaima, Tenjo, Ubaté, Facatativá, Silvania y Cáqueza.

Pero si usted cree que por el lado de los equipos no utilizados llueve, por el lado de las ambulancias y parque automotor abandonado, pero pagando impuestos, no escampa. Las administraciones municipales y la propia Secretaría de Salud, según relación documentada por la Contraloría departamental, lleva décadas pagando impuestos y demás obligaciones de tránsito por equipos automotores en total abandono y sin uso, sin que nadie se haya tomado el trabajo de darlos de baja y evitar ese desangre de las arcas públicas.

A todo este desolador panorama tenemos que agregarle el de las deudas de las EPS que tienen al borde de la quiebra -en mis palabras- o en riesgo financiero  -en el lenguaje de la Secretaria de Salud-, a un gran número de hospitales del departamento.

De acuerdo con el cruce de información que manejan gerentes y EPS, las diferencias entre lo que quieren pagar estas últimas y lo que pretenden cobrar los primeros, son considerables. A junio del presente año, las EPS reportan unas obligaciones de pago por 356 mil 860 millones de pesos ($356.860.281.710). Los hospitales, por su parte, afirman que les deben 512 mil 662 millones de pesos ($512.662.996.847).

Haciendo caja a la brava con la salud de los pobres

La diferencia es una pendejadita de 155 mil millones de pesos, mal contados. Claro, con esas utilidades a la brava, ¿quién no quisiera tener una EPS de negocio? Y más que evidente, en dónde están los problemas del pésimo servicio que recibimos los colombianos en hospitales, centros y puestos de salud.

Los comentarios de la secretaria Ana Lucía Restrepo no pueden ser más desalentadores. “Las EPS no cumplían las conciliaciones y cuando aparecían, llegaba un equis sin poder de conciliación,  sin poder de firma.

“Con la ayuda de la Contraloría logramos hacer unas conciliaciones arriba de los 100 mil millones de pesos con las EPS para los hospitales del departamento. ¡Conciliaciones! De ahí al pago efectivo se logró como el 60 por ciento.”

Hablando de las dificultades de esas conciliaciones -y nosotros agregamos, del descaro-, dice la doctora Restrepo que muchas ofrecían pagar a cinco o seis meses, “hay gente que decía: <le pago a tres años de a cincuenta mil pesos mensuales>. Conciliaciones que no funcionaban.

Y dientes no hay para cobrar

“En ese apoyo y en esa conciliación es que la Contraloría ha estado fuertemente. Pero finalizando el año pasado, ya ni con la Contraloría las EPS están pagando, entonces el Contralor llama al Procurador, al Superintendente de Salud y hoy las mesas de trabajo son articuladas con todos: la Súper, la Procuraduría, la Contraloría, la Secretaría, los gerentes y las EPS.

“Pero las conciliaciones y las peticiones de pagos son por las buenas. Nosotros no podemos llegar a sancionar, no tenemos dientes”, concluye la Secretaria, con un inocultable sinsabor y contenida frustración en la voz.

Como siempre, muchas cosas se quedan en el tintero. Las limitaciones de espacio en la prensa son implacables; también, nuestra poca costumbre y disciplina por leer y estar bien informados. Para los fieles que llegaron hasta aquí, como ven, a pesar del panorama, buenas intenciones hay.

El nuevo liderazgo que representan personas bien intencionadas como el Gobernador, el Contralor y algunos de sus funcionarios permiten vislumbrar que a pesar del oscuro túnel y de la inflexible burocracia que todo lo torpedea, si todos empujaran para el mismo lado, un gran número de problemas fácilmente se solucionarían.

Por Olinto Uribe Guzmán   oluribe@gmail.com

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