mié. Dic 11th, 2019

Minería en Cundinamarca: un barco que se niega a naufragar

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En reciente fallo, la Corte Constitucional determinó que las entidades territoriales no tienen potestad para decidir o impedir las actividades que se realicen en el subsuelo

La minería, a pequeña o a gran escala, produce toda suerte de expresiones y reacciones a favor y en contra. Parece un barco que aunque “haciendo aguas”, se niega a naufragar.

En reciente fallo, la Corte Constitucional revisó la acción de tutela interpuesta en el año 2017 por la petrolera Mansarovar Energy, firma que consideró que no era procedente el proceso de consulta popular que se había adelantado en el municipio de Cumaral (Meta) en contra de uno de sus proyectos. La Corte le dio la razón al considerar que las entidades territoriales no tienen la competencia para prohibir actividades de exploración del subsuelo y de recursos naturales no renovables, potestad, que según lo establece la Constitución Política de 1991, es únicamente del Estado colombiano.

Actualmente, es una realidad que las comunidades y, en la mayoría de los casos, con el aval de las administraciones municipales, se oponen a las actividades mineras en sus fases de exploración y explotación, al considerar que afecta sus ecosistemas, sus entornos, especialmente, el suministro del agua, hechos respaldados por ambientalistas y académicos. Pero entonces ¿Qué hacer?

¿Para qué es útil la minería?

Por un lado, se reconoce que la minería le aporta al desarrollo productivo y económico del país, además de ser una buena fuente de generación de empleo. Según datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), solo en el año 2017, el Estado recaudó una cifra superior a los $2,1 billones por concepto de regalías mineras, lo que representa un aumento del 25% con respecto a la cifra registrada en el año 2016, recursos que contribuyen a fortalecer el presupuesto nacional para financiar proyectos sociales y educativos liderados por el Gobierno Nacional. Aunque la comunidad destaca que esas obras poco o nada se ven, mientras que el deterioro y la afectación del medio ambiente y del recurso hídrico sí salta a la vista.

Pero no solo se trata de ingresos económicos. Hoy, con el producto de la minería, la vida cotidiana se abre su curso. Todo lo que vemos y utilizamos tiene minerales: casas, estructuras físicas, avenidas y grandes carreteras. Inclusive para fabricar objetos o productos tan comunes y corrientes como de aseo personal, celulares, computadores y tabletas digitales, entre otras utilidades.

La minería gana terreno. ¿Y el control?

Solo en Cundinamarca, a finales del mes de julio, se habilitaron un total de 18.500 hectáreas para actividad minera en diferentes municipios de la Sabana. “Se presentó la resolución que establece los polígonos de compatibilidad minera; esta cifra corresponde al 4% del territorio de la Sabana”, explicó el secretario de Ambiente de Cundinamarca, Eduardo Contreras. En este proceso participaron el exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo; el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y el director de la CAR, Néstor Franco, entre otras autoridades y organismos de control.

Para la Contraloría de Cundinamarca, preocupa el hecho de que, actualmente, nos es claro, o mejor, se desconoce el comportamiento de más del 70% de las concesiones mineras para explotación en el departamento; al tiempo, destaca que existen cerca de 964 títulos mineros ilegales, otorgados bajo legislaciones anteriores o a los que les falta actualización de los planes de manejo ambiental.

El ente de Control destacó que 831 concesiones se encuentran en fase de explotación, 40 en etapa de exploración, 40 más en fase de construcción y montaje, dos en restauración ambiental, dos en suspensión de actividades y 49 sobre las que la Agencia Nacional de Minería no reportó información a la Controlaría.

La preocupación adicional es que estos títulos están concedidos a 25 o 30 años (57%); entre 16 y 20 años (11%); entre 31 y 35 años (6%), a lo que se suma la posibilidad de solicitar prórrogas en plazo con la venia de la legislación colombiana y sin que para los municipios sea claro cómo gestionar e invertir esos recursos.

Otra cifra que llama la atención y evidencia la desarticulación entre las entidades, es que, según el mismo análisis de la Contraloría, al consultar la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y las tres Corporaciones Autónomas Regionales, con jurisdicción en Cundinamarca, encontraron que de las 875 concesiones mineras que requieren licencia ambiental, no hay información sobre 646, por el que el contralor, Ricardo López, hizo un llamado para fortalecer los mecanismos y la función de seguimiento a esta actividad.

En general, el área ocupada por todos los títulos mineros o las concesiones otorgadas, supera las 170.364 hectáreas, que equivalen al 7.5% del territorio; de esta cifra, el 68% se concentra principalmente en provincias como Ubaté, Sabana Centro, Guavio, Soacha y Alto Magdalena, en un total de 39 municipios. Entre los principales productos de la minería legal en Cundinamarca, se encuentran materiales de arrastre y construcción, carbón y arcilla.

La Defensoría del Pueblo también encendió las alarmas

Esta entidad, debido a las constantes quejas de la comunidad, se dio a la tarea, desde el año 2016, de recorrer zonas rurales de municipios como Soacha, Sibaté y Choachí, encontrando impactos negativos en recursos como el agua, además de detectar incumplimiento en los planes de manejo ambiental y cambios en la vocación de los suelos, principalmente, resaltando minería en zonas de páramo.

Ante este panorama de incertidumbre para la comunidad, en el que con preocupación ven cómo la Corte Constitucional avala la exploración y explotación minera, pero no da luces claras sobre la protección ambiental, los ciudadanos se muestran inconformes.

Aunque también avanzan los procesos para revocar las licencias ambientales cuando se detecta incumplimiento, falta más firmeza. Un ejemplo ocurrió en el municipio de Suesca, donde la CAR revocó la licencia ambiental a Cementos Tequendama por la explotación de arenas silíceas, al considerar que, por fallo que ordenaba la recuperación del río Bogotá, la actividad no estaba autorizada.

De frente contra la minería ilegal

La minería ilegal o bajo condiciones de informalidad, en Cundinamarca, ha dejado víctimas mortales. En hechos ocurridos a mediados del año 2017 en el municipio de Cucunubá, la explosión, en una mina que no tenía ni título ni licencia ambiental, cobró la vida de quienes allí se encontraban. Y es precisamente en este mismo municipio, en el que se encuentran, según reportó la Contraloría Departamental, 139 casos de explotaciones ilegales, región que hace parte de las 675 zonas identificadas en las que se llevan a cabo actividades sin licencia, lista de la que hacen parte también municipios como Soacha, Lenguazaque, Nemocón y Sibaté, junto a otros 64 municipios reportados por el Organismo de Control.

Según reportó la CAR, entre el año 2015 y hacia mediados del año 2018, se impusieron sanciones que superan los $10.000 millones por el ejercicio de la minería ilegal, hecho que preocupa a ambientalistas y autoridades, debido a que el incremento de la informalidad atenta contra el medio ambiente y la economía regional y municipal.

Consultas populares, muy “impopulares”

Para restringir el auge que toma la actividad minera y extractiva, ya son varios los municipios que se le han medido a proponer consultas populares (Artículo 8 de la Ley 134 de 1994), aunque con éxito en las urnas, muchos en vilo, teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Constitucional. Entre los municipios que han acudido a este mecanismos se encuentran Cabrera (febrero de 2017), Fusagasugá y San Bernardo (octubre de 2018), Arbeláez (julio de 2017); y con intentos en Carmen de Carupa, Pasca, Medina, Sibaté y Cogua, poblaciones en las que fue negada la pretensión o se encuentran en proceso de realizarla.

El departamento, gracias a la actividad minera, se consolida como uno de los más fuertes productores de sal, carbón, hierro, arcillas y materiales de construcción. Se destaca que solo en el año 2017, el departamento recibió recursos de regalías por minería, cercanos a los $3.000 millones.

Pasos hacia la seguridad minera en Cundinamarca 

Desde el departamento se han liderado jornadas de capacitación para fortalecer la seguridad y el sostenimiento del sector, lo que ha logrado que 50 personas, entre técnicos, tecnólogos, profesionales mineros, ambientales y empresarios hayan obtenido su grado en el Diplomado en Seguridad y Sostenimiento Minero, celebrado en la Universidad de Cundinamarca, seccional Ubaté.

Por Jota Jota     periodicoelector@gmail.com

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