mié. Nov 14th, 2018

Cuando la autoridad es abusiva

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¿Qué alguien me diga cómo educar unos jóvenes en el irrespeto a sus vecinos? Porque el IMRD de Chía lo tiene clarísimo.

La historia nos sirve para evidenciar como en Colombia se sacan leyes con buena intención, pero su aplicación no solo es un desastre sino que, al convertirse en objeto de burla, crea en el ciudadano la incorrecta impresión de que se hacen para violarlas.

Y el problema se hace mayor porque incluso las autoridades encargadas de su cumplimiento, al no cumplir su objetivo y con su mal ejemplo crear la percepción de su impune violabilidad, le dan al ciudadano el “derecho” de agredir a sus vecinos con su comportamiento y crear un clima de convivencia absolutamente imposible.

Pero, a ver, ¿cuál es la historia? El cuento es que el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD) de Chía realiza unas convivencias juveniles en terrenos urbanos dentro de un recinto que compró un anterior alcalde, sin una clara justificación, que se conoce como “La Casona de Santa Rita”.

El motivo no puede ser más interesante, porque uno supondría que estas convivencias se diseñan para inculcar en los jóvenes, reglas, comportamientos y espíritu en valores humanos, sociales, de grupo, personales y ciudadanos.

Pues imagínense que la actividad se realiza con una megafonía de música e instrucciones a todo volumen hasta altas horas de la noche, sumado a una gritería anarquista de “hooligans” ingleses en campo enemigo. A las 5:00 de la mañana despiertan a la muchachada con el mismo redoble de megafonía sin ningún respeto por la convivencia social del pacífico entorno que los rodea y mucho menos de las normas del Código Nacional de Policía (CNP) que como autoridad municipal deberían respetar rigurosamente.

Me cuentan nuestras fuentes que este comportamiento es igual y repetitivo en la gran mayoría de los municipios de Cundinamarca. La policía, naturalmente brilla por su ausencia.

Sin embargo el artículo 33 del CNP -que nosotros nos preocupamos por difundir con lujo de detalle el año pasado- dice textualmente: “Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse:

  1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:
  2. a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de Policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo;
  3. b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;
  4. c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas.”

El incumplimiento de la norma acarrea además una multa, a precio de hoy, cercana a los 400 mil pesos.

Cuando la policía y otras entidades gubernamentales empezaron a socializar el bendito manual de convivencia, uno de los ítemes en que más hicieron énfasis fue este del ruido por las graves perturbaciones en la coexistencia que produce.

Uno de los textos que buscaban ilustrar la problemática y su resolución con el nuevo CNP decía: “¿Sabe de un lugar de rumba que no respeta la tranquilidad en su vecindario? ¿Su vecino altera su descanso o el de su familia en la madrugada?

No lo confronte, comuníquese a la Línea de Emergencias 123 y reporte el incidente.

Una patrulla de la Policía Nacional acudirá al lugar para corregir el comportamiento solicitándole que cese voluntariamente su actividad. De no ser acatada la solicitud de forma inmediata, se podrá desactivar temporalmente la fuente de ruido y señalar una multa a través de una orden de comparendo e incluso, le ordenará que cese la reunión que altera la tranquilidad.” (Pues en el caso nuestro, cuando reportamos un caso similar por la aplicación 123 de Cundinamarca, la respuesta fue la impasibilidad absoluta)

La alcaldía de Medellín ha ido más allá. Consciente de la gravedad del problema diseñó una campaña de sensibilización que dice: “Esa canción te va a salir muy cara. Poner música a todo volumen tiene multa,”

Cuando se tiene respeto por las leyes, por el ciudadano, por la sociedad evolucionada que queremos desarrollar, esa es la actitud. Lo contrario es lo que está pasando con algunos municipios de Cundinamarca, como el de Chía, con la pasiva complicidad de las autoridades de policía. U.G.O.

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