mayo 16, 2021

Destapan olla podrida: irregularidades en la adjudicación del PAE 2018–2019 en Soacha

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Según el informe del Ministerio Público, existen anomalías en la adjudicación de la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la cual presenta vulneración del principio de transparencia, rompiendo los principios de objetividad en la selección del contratista.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo por dos meses al exsecretario de Educación y Cultura de Soacha, Cundinamarca, Manuel Ernesto Ochoa Sanabria (26 octubre de 2018 – 27 de enero de 2019); y con un mes de suspensión a Hernán Castellanos Ramírez (5 de diciembre de 2016 – 25 de octubre de 2018), por irregularidades en la adjudicación de las licitaciones públicas 01 de 2018 y 01 de 2019.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Fusagasugá señaló que Ochoa Sanabria incurrió en falta disciplinaria al exigir a los proponentes en el pliego de condiciones, que dio origen a la Licitación Pública 01 de 2019, que por lo menos tres de los cinco supervisores que harían parte de proyecto vivieran en Soacha, vulnerando el principio de transparencia al fijar un requisito que no era necesario.

Así mismo, lo halló responsable de trasgredir los principios que rigen la contratación estatal al adjudicar el proceso de selección al proponente Fundación Vive Colombia, cuando esta firma no acreditó el requisito relacionado con el control del sistema biométrico y, en su lugar, le aceptó un documento firmado por el representante legal de la fundación en la que señalaba que instalaría el programa y que tendría la asesoría de una empresa de ingeniería informática.

El negocio jurídico tenía por objeto la “prestación del servicio de alimentación escolar que brinde complemento alimentario y almuerzo durante la jornada escolar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales según las edades de los beneficiarios del programa PAE”, por valor de $6.666’927.316.

Con relación al exsecretario Castellanos Ramírez, quien lideró la Licitación Pública 01 de 2018, el ente de control le reprochó el que no fuera diligente y cuidadoso al aceptar las recomendaciones del comité evaluador del proceso contractual y no permitirle a la firma Proalimentos Liber SAS acreditar la experiencia y habilitarse para poder participar en la licitación.

La LP-01-2018 tenía por objeto la “prestación del servicio de alimentación escolar que brinde complemento alimentario y almuerzo durante la jornada escolar a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales según las edades de los beneficiarios del programa PAE”, por valor de $3.358’997.650.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de culpa grave. El fallo de primera instancia fue apelado por los investigados y será resuelto por la Procuraduría Regional de Cundinamarca.

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